Defender y garantizar la libertad de enseñanza.

Fomentar la colaboración entre las Universidades Privadas.

Garantizar la excelencia académica en las Universidades Privadas.

Hacer valer y defender los intereses de las Universidades Privadas frente a entidades públicas y privadas.

Incentivar y resguardar la ética publicitaria de las Universidades Privadas.

Promover sistemas de acreditación en las carreras de las Universidades Privadas.

Servir de mediador, conciliador, árbitro o buen componedor en estos conflictos que se puedan suscitar entre Universidades Privadas, mediante los órganos que se creen para la resolución alternativa de conflictos.

Promover que el Estado estimule la iniciativa privada en materia educacional de conformidad con el artículo ochenta de la Constitución Política.